Por Fernando Peña, Director Laboratorio de Planificación Territorial
Los graves incendios forestales que ocurrieron especialmente en las regiones
del Biobío y La Araucanía el verano pasado, dejaron en evidencia la
necesidad de organizar el territorio, no solo en el ámbito urbano, sino también
en el rural, especialmente en este último, donde suelen surgir los principales
eventos de riesgo y desastre socionatural, afectando a la población junto con
espacios naturales de alto valor de conservación, áreas productivas e
infraestructura de distinta naturaleza, como ocurrió en diversos asentamientos
de estas dos regiones.
Actualmente, existe una diversidad de instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial que podrían incidir en la gestión de la emergencia y
que serán implementados en los próximos años, como por ejemplo, Plan
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Plan de Reducción del Riesgo
de Desastres, Plan de Emergencia y Plan de Acción Comunal de Cambio
Climático. A esto, se suman las actualizaciones de los Planes Reguladores
Comunales e Intercomunales, procesos que requieren un acucioso
procedimiento de articulación entre todos ellos, teniendo como foco el
contexto y pertinencia de los territorios locales. Es necesario, por tanto, tal
como señala Cepal (2019), avanzar hacia un ecosistema de políticas de
desarrollo territorial, que considere la gestión del riesgo de desastres en el
territorio.
En este sentido, los PROT, que serán elaborados por cada gobierno regional
en el marco del proceso de fortalecimiento de la regionalización (Ley 21.074),
tienen el alcance de zonificar en forma vinculante el territorio regional no
urbano (aproximadamente el 90% del país) a través de condiciones de
localización para los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento,
infraestructura y actividades productivas en zonas no comprendidas en la
planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su
localización preferente. En consecuencia, este instrumento de escala regional
debiese señalar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad junto con
zonificar los principales elementos para la gestión del riesgo de desastres a
nivel regional.
Por su parte, la Ley 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y
Respuesta ante Desastres, conocido como Sinapred, nace con el principio de
prever y proteger a la población ante situaciones de emergencia o desastres y
reducir al mínimo el impacto que estos eventos pueden tener en la sociedad
chilena. Esta ley reconoce que el riesgo de desastres es una realidad en
nuestro país y establece el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante
Desastres (Senapred) para coordinar, planificar y ejecutar las políticas
públicas relacionadas con la protección civil y la gestión del riesgo de
desastres en todo el territorio nacional. Este organismo técnico tiene como
foco fortalecer la gobernanza del ciclo del riesgo, que incluye entre sus
etapas, la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación de los
efectos de los desastres. Para ello, se han traspasado funciones a las
regiones y municipalidades, a fin de coordinar y articular los esfuerzos de
todas las entidades que tienen responsabilidades en la protección civil y la
gestión del riesgo de desastres a nivel regional y local. Se crean los Comités
para la Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid), los cuales articularán el
trabajo desde la esfera nacional, regional, provincial y local, y se apoyan en la
Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). De esta
manera, se busca establecer una estructura de colaboración y trabajo
conjunto entre los distintos organismos, tanto públicos como privados, para
fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia o
desastres.
En este contexto, una de las principales características de la Ley 21.364, es
que enfatiza la importancia de la gestión del riesgo de desastres en la
planificación y el desarrollo territorial. Es decir, la ley establece que la gestión
del riesgo de desastres debe ser un componente integral de la planificación y
el desarrollo de las comunidades y territorios. En este sentido, una
experiencia piloto que se ha llevado a cabo en la región de La Araucanía,
desde el año 2018, se refiere a Kimgen DATA (FONDEF IT2010075)
(https://kimgendata.kimgen.cl), investigación científica y tecnológica que
consigna que la gestión del riesgo de desastres se debe realizar en función
del Ciclo del Riesgo, fortaleciendo la gestión del riesgo a nivel comunal a
partir de la integración de tres grandes herramientas, una que apoya la
elaboración de los planes estratégicos para la gestión del riesgo de desastre
y los planes operativos de emergencia, una segunda que permite apoyar el
proceso de atención de emergencias a partir del mejoramiento del flujo de los
informes alfa y, la tercera, que integra información espacio-territorial que
permite estimar, en función de la información histórica, actualizada y situada,
las áreas de mayor probabilidad de afectación.
Un tercer instrumento que deberemos desarrollar en el corto plazo, son los
Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (Ley 21.455). Las
municipalidades deberán elaborarlos, los que serán consistentes con las
directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y
en los planes de acción regional de cambio climático. Contendrán, al menos:
la caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático y los potenciales
impactos en la comuna; medidas de mitigación, adaptación a nivel comunal y
relativas a los medios de implementación, incluyendo la identificación de sus
fuentes de financiamiento a nivel comunal; descripción detallada de las
medidas que consideran, con indicación de plazos de implementación y
asignación de responsabilidades; Indicadores de monitoreo, reporte y
verificación de cumplimiento de las medidas del plan, conforme a la
Estrategia Climática de Largo Plazo.
Estos tres importantes instrumentos de planificación con alcance territorial,
nos desafían a pensar y proyectar un uso del suelo más sustentable que
considere de manera holística la gestión del riesgo de desastres,
especialmente en el territorio rural y en los espacios de expansión urbana o
periurbana. Su articulación e integración tanto vertical como horizontal en
función de los desequilibrios territoriales de escala local, requieren de una
visión y comprensión distinta de la que hasta el momento han tenido los
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.