Tras el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” alcanzado por distintos sectores políticos, el pasado viernes 15 de noviembre, en el Congreso Nacional, la ciudadanía, responsable de esta decisión tras el estallido del 18 de octubre, se ha volcado a comprender las implicancias del proceso que podría decantar en una nueva Carta Magna para Chile, la primera nacida de un proceso democrático y participativo.
Por lo mismo, y con el ánimo de fomentar el diálogo, a través de un debate abierto a todo público, la Vicerrectoría de la Universidad Mayor Sede Temuco invitó a un conversatorio realizado en los domos del Campus Avenida Alemania, en el que participó el reconocido abogado constitucionalista, Fernando Atria, quien por más de dos horas resolvió dudas e intercambió ideas con más de 200 personas.
“ABRE UNA OPORTUNIDAD”
Fernando Atria cree que este acuerdo abre una oportunidad que no había existido en 30 años. “Ahora, que esa oportunidad se realice o no, no es algo que esté escrito en piedra, pero existe y vamos a tener la posibilidad de responder si se necesita o no una nueva Constitución y si se la queremos encargar o no a la clase política”, afirma.
Consultado sobre la “polémica” regla de los 2/3, el abogado constitucionalista —quien prefería un quórum de 3/5— señala que “no es un problema. No es la regla que yo habría elegido, pero no hace que el ejercicio no sea genuino en la medida en que se escriba en una hoja en blanco”.
Para el docente la hoja en blanco es fundamental, ya que, sin esa condición, los 2/3 sería repetir lo que se ha hecho hasta la fecha. “Cuando es desde una hoja en blanco, los 2/3 aseguran que todo lo que llega a estar escrito va a ser representativo de un genuino gran acuerdo. Por el contrario, si ese 2/3 es para reformar lo que existe, lo que aseguran es que hay 1/3 que puede mantener la constitucionalidad de lo que existía. Es algo que hace toda la diferencia”, remata.
Según Fernando Atria este es uno de los dos puntos a los que la ciudadanía debe prestar atención. El otro es sobre la elección de los miembros del órgano constituyente, en donde pone las alertas en que si solo se aplica el sistema electoral que rige a los diputados no habrá paridad de género, representación de pueblos originarios y personas que no militen o tengan alianzas con partidos políticos.
“Yo creo que esas tres condiciones minarían severamente la capacidad representativa de esa convención, entonces espero que de aquí al momento en que se fijen las reglas, el acuerdo que solo hace referencia al sistema electoral, se vaya desarrollando en la dimensión de crear cupos protegidos para pueblos originarios, asegurar o paridad o alguna forma suficientemente cercana a la paridad, y asegurar un régimen de competencia para quienes no pertenecen o están aliados con partidos políticos que los deja a la par con quienes lo son. Yo creo que esas tres condiciones son fundamentales para la legitimidad de esa convención constitucional”, dice el profesional.
PROCESO CONSTITUYENTE
El primer paso de este proceso será un plebiscito de entrada en abril de 2020, con voto voluntario, en donde la ciudadanía podrá responder si aprueba o rechaza la pregunta: “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, para luego elegir el tipo de órgano que debiera redactarla con dos nuevas opciones.
Se trata de una Convención Constitucional, compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para dicha labor, o una Convención Mixta Constitucional, compuesta en un 50% por parlamentarios y en otro 50% por ciudadanos. Luego será el momento de elegir a los integrantes del órgano constituyente.
La votación se realizará en octubre del próximo año junto a las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que se rige en las elecciones de diputados.
Tras ello, los acuerdos que se alcancen requerirán el apoyo de 2/3 de sus miembros para su aprobación. El plazo que tendrán para redactar la nueva Constitución será de nueve meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses. Después, la ciudadanía deberá visarla a través de un plebiscito ratificatorio.
La votación obligatoria se realizará 60 días después de entregada la propuesta de la nueva Carta Magna.